Amenazas a la paz mundial
Ponencia Seminario de CEBRAPAZ - Sao Paulo, 2 y 3 de diciembre de 2011
Por Rina Bertaccini (*)
En este tramo del seminario se nos ha convocado a reflexionar sobre las amenazas a la paz y los derechos humanos en el mundo de hoy. En algunos lugares como en Irak, Afganistan o Libia no fueron sólo amenazas sino guerras declaradas donde la barbarie parece avanzar peligrosamente sobre la civilización contemporánea.
Veamos algunas noticias recientes.
I - Libia
En el norte de Africa, pese a la maraña de la desinformación mediática, la verdad comienza a abrirse paso. Sin las bombas de la OTAN el llamado Consejo Nacional de Transición no hubiera podido instalarse en Libia. Para lograrlo rompieron todas las normas de la legalidad internacional; incumplieron las propias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que solamente autorizaban la interdicción del espacio aéreo de un país soberano; violaron la Carta de las Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra; atacaron estructuras civiles con armamento de guerra; destruyeron los sistemas de abastecimiento de agua y las fábricas de tuberías de repuesto; bombardearon la red eléctrica, viviendas, escuelas y hospitales; persiguieron con helicópteros y tiraron contra la población civil.
Durante 227 días masacraron al pueblo libio y culminaron el crimen con el asesinato de Khadafi. El 31 de octubre el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte Anders Fogh Rasmussen llega a la capital libia Trípoli y declara desvergonzadamente “Es estupendo estar en la Libia libre.” De inmediato comienza una ola de amenazas contra Siria y también contra Irán.
De vuelta en el Cuartel General de la OTAN en Bruselas tres días más tarde, Rasmussen da una rueda de prensa mensual, informando que la OTAN está preparada “para ofrecer (a Libia) a misma clase de asistencia que ya hemos ofrecido a otros socios dentro de las reformas del sector de defensa y seguridad”. Conociendo la historia de la alianza atlántica lo que de hecho está prometiendo es que la OTAN entrenará a las fuerzas armadas del nuevo régimen libio como lo hizo, y sigue haciendo, en otros territorios que ha invadido y subyugado como Bosnia, Kosovo, Macedonia, Afganistán e Irak. Ahora Libia puede convertirse en socio de la OTAN: el octavo miembro del Diálogo Mediterráneo junto con Egipto, Túnez, Marruecos, Argelia, Israel, Jordania y Mauritania. Y muy probablemente será sede del AFRICOM, el comando de los EEUU para Africa.
La reciente tragedia del pueblo libio confirma una vez más que la Organización del Tratado del Atlántico Norte constituye hoy la principal amenaza a la paz mundial. Y en este punto vale recordar que también en Argentina tenemos una base militar de la OTAN en nuestras Islas Malvinas ocupadas colonialmente por Gran Bretaña desde 1833. ¿Habrá llegado la hora – tal como lo propone el investigador y periodista Rick Rozoff- de lanzar una iniciativa internacional anti-OTAN en la que se involucren personas, organizaciones sociales, partidos políticos y gobiernos en reclamo de la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para exigir la disolución de la OTAN?
II - Mercenarios e impunidad en las guerras del presente
El 29 de noviembre, en un artículo para Telesur, Stella Calloni reflexiona: “El brutal asesinato del dirigente libio Muammar El Khadafi a manos de los mercenarios dirigidos por las fuerzas especiales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros países de la OTAN (…) y el linchamiento público del dirigente libio, maltratado, golpeado y torturado por sus captores, exhibido luego en un frigorífico, junto a su otro hijo Muatassim asesinado de la misma manera”, fue “el despertar para muchos que habían sido confundidos con la historia falsa de una ‘rebelión popular’ que en realidad era una mascarada para encubrir la invasión de las potencias occidentales”.
“A partir de ese momento -continúa Calloni- algunos sectores tomaron conciencia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los invasores de Libia, cuidadosamente ocultados por los medios y agencias internacionales, que nunca han mostrado los muertos, a pesar de que se reconocen miles de víctimas, ejecuciones, torturas, violaciones, masacres, crímenes raciales y otros ejecutados por las fuerzas mercenarias del Consejo Nacional de Transición (CNT) bajo el mandato de la Organización del Atlántico Norte (OTAN)”.
En Libia se pudo comprobar una vez más la barbarie y la impunidad conque actúan las tropas mercenarias. La preocupación tuvo eco en el ámbito de las Naciones Unidas que ya en el año 2007 había elaborado un informe –ver cable de ALAI AMLATINA, Quito, 12/11/2007- tipificando “como mercenarias a la mayor parte de las actividades de corporaciones militares privadas que intervienen en Irak y en otros conflictos armados. Estas empresas, que están al servicio de Estados Unidos y de otros países, están en el ojo del huracán pues cometen asesinatos, torturas y otros abusos, gozando de total impunidad”.
El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de las Naciones Unidas señaló entonces que en los últimos 10 años ha “aumentado enormemente el número de empresas militares y de seguridad privadas relacionadas con
las situaciones de conflicto en Afganistán e Iraq” y que la inmunidad que algunos Estados confieren a éstas “puede convertirse en una impunidad de facto, pues al parecer estos soldados privados solo tienen que rendir cuentas a la empresa para la que trabajan”.
El pasado 19 de noviembre se presentó en la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución bajo el título de "Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación". El proyecto de condena, presentado por Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador y Bielorrusia, fue resistido por Estados Unidos y la Unión Europea; finalmente adoptado por 118 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones.
El texto reconoce “que los conflictos armados, el terrorismo, el tráfico de armas y las operaciones encubiertas fomentan la demanda de mercenarios y llama a tomar medidas contra la amenaza que entrañan las actividades de esos elementos”. Se solicita a Estados Unidos que tome las providencias legales para impedir que su territorio y su nacionales sean utilizados para reclutar, concentrar, financiar, entrenar, o proteger el tránsito de mercenarios”. Señala además que es importante considerar las actividades de los llamados “contratistas” o “ejércitos privados” que son utilizados para desestabilizar y derrocar gobiernos, afectar o destruir las integridades territoriales “de Estados soberanos que actúan de conformidad con el derecho a la libre determinación”.
La iniciativa llama la atención sobre el uso de mercenarios por empresas privadas de seguridad militares, y exige que se prohíba la intervención de esas firmas en conflictos armados o acciones encaminadas a desestabilizar regímenes constitucionales.
III - México y América Central
Es sabido que la llamada “militarización del combate anti drogas” produjo en los últimos años en México no menos de 40.000 muertos. Está a la vista la mano de Washington. Pero ahora la acción imperial puede acentuarse. El pasado 23 de noviembre, el diario “La Jornada” informa que, en el marco de unas misiones “de seguridad” a países “amenazados”, el Pentágono ofrece a la Secretaría de Seguridad Pública de México, en contratos privados, capacitación para pilotos, mecánicos, equipos de helicópteros UH-60, Schweizer 333 o Bell 206, entre otros servicios.
La noticia procede de Nueva York. Una casi desconocida oficina dentro de la gigantesca burocracia del Pentágono – denominada Oficina del Programa Contra el Narcoterrorismo del Departamento de Defensa (CNTPO, por sus siglas en inglés)- es la encargada de otorgar contratos multimillonarios a empresas privadas para las misiones estadounidenses antinarcóticos y antiterroristas en México, Afganistán, Pakistán, Colombia y otras partes del mundo.
Los contratos que se otorgarán desde esta oficina a empresas privadas incluyen servicios de seguridad internacional en lugares como Afganistán –lo que por definición son “mercenarios”– hasta contratos para entrenar a pilotos militares mexicanos. O sea, son parte de la privatización de servicios de asistencia militar y de inteligencia que resulta ser un negocio muy lucrativo, ya que los contratos que sólo esta oficina otorgará a empresas tendrán un valor total de más de 3 mil millones de dólares.
La CNTPO está bajo mando del Directorio de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad del Pentágono, dentro del sector encargado de “antinarcóticos y amenazas globales, establecida en 1995. Cobró notoriedad en 2007 cuando contrató a una subsidiaria de la empresa de seguridad privada Blackwater, junto con varias de las firmas de la industria militar más grandes para una amplia gama de programas contra el tráfico de drogas. En 2009 contrató nuevamente a Blackwater para capacitar a la policía afgana; empresa que ha sido acusada de violar derechos humanos y hasta de robar armas destinadas a la misma policía que supuestamente estaba entrenando. Un escándalo que llevó a Blackwater a cambiar de nombre.
Noticias recientes provenientes de varios países de América Central indican que ahora la experiencia de México puede extenderse a Honduras, Guatemala y El Salvador.
El Salvador
Un artículo de Felipe V. Ortiz en la página web de Rebelión hace notar que el gobierno de El Salvador se dispone a aplicar la fórmula de México: militarización, intervención foránea y la violación masiva a los derechos humanos. El autor lo llama “mexicanizar” la lucha contra las maras y el narcotráfico. Diversos sectores, incluidos miembros del gabinete de gobierno salvadoreño, ven al país en camino de la militarización ilegal de la lucha contra las maras, principalmente, y del narcotráfico, ante el nombramiento de un militar en la cartera de Seguridad Pública.
A principios de noviembre, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos ratificaron un convenio llamado “Asociación para el crecimiento” mediante el cual, presuntamente, se eliminarán en 5 años los obstáculos para el nulo o bajo crecimiento de la economía, identificados por Washington como los altos niveles de delincuencia y la baja productividad. Pero este convenio contraviene los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República; por ello los principales dirigentes del FMLN, incluyendo al actual Vicepresidente de la República y Ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, así como el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, se han expresado públicamente en contra de la militarización de la seguridad ciudadana.
Al respecto conviene recordar que uno de los puntos más importantes de los Acuerdos de Paz firmados en México en 1992, fue desplazar a los militares del manejo de la seguridad pública, por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Con ese antecedente se plasmaron luego en la Constitución de la República, las funciones de la Fuerza Armada como responsable de la defensa nacional y la Policía Nacional Civil quedó a cargo de la seguridad ciudadana “bajo la dirección de autoridades civiles”.
Desde la firma del citado convenio – que fue una iniciativa del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante su visita en marzo pasado a El Salvador- el gobierno de Funes ha enviado tropas a Afganistán y planea continuar haciéndolo, en oposición al partido que lo llevó a la presidencia.
Honduras
El 10 de febrero de este año –informa Prensa latina- el subsecretario antinarcóticos de Estados Unidos Williams Brownfield concluyó una visita a Honduras anunciando un programa similar al Plan Colombia que permitirá a Washington incrementar su presencia militar en Centroamérica: "La idea no es eliminar o sustituir las iniciativas que ya existen, es crear una nueva estructura, un tipo de sombrero por encima de todas las iniciativas que permitan más colaboración y coordinación", declaró, ofreciendo a la vez 200 millones de dólares a la región, que serán destinados -según dijo- a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas.
Antes de visitar Honduras Brownfield había estado en Guatemala y El Salvador en una gira que culminaría en Colombia.
Durante los dos días que permaneció en el país el subsecretario antinarcóticos asistió a un ejercicio en el norte de Tegucigalpa, donde efectivos estadounidenses entrenaban a unos 60 hondureños en seguridad fronteriza, puertos y aeropuertos. También se reunió con el presidente Porfirio Lobo, con quien firmó un acuerdo de cooperación por cerca de dos millones de dólares.
Como se sabe EEUU mantiene allí la base militar Soto Cano y en el período posterior al golpe de Estado instaló dos nuevas bases: una base antinarcóticos en las inmediaciones de La Laguna de Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua y otra en la Isla de Guanaja, en el Departamento Islas de la Bahía.
Un cable de la Agencia EFE informa que el 17 de noviembre pasado llegaba a Honduras el jefe del Comando Sur de EEUU, en visita oficial de dos días para hablar con autoridades locales sobre temas de seguridad de interés bilateral. Se reuniría también con la embajadora USA en Tegucigalpa, Lisa Kubiske, y el alto mando militar de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Las "amenazas trasnacionales a la seguridad regional, el apoyo del Comando Sur a la iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica y la cooperación militar entre EE.UU. y Honduras", fueron los temas centrales de la agenda de Fraser.
La cooperación estadounidense abarca actividades de entrenamiento bilateral, intercambios educacionales y de conocimiento, misiones de asistencia humanitaria y ejercicios bilaterales y multinacionales de capacitación. La cooperación se extiende al Centro de Adiestramiento para Operaciones de Mantenimiento de Paz en Támara, al norte de Tegucigalpa, y la donación de equipos que apoyan la logística, protección del personal y la efectividad operacional de las fuerzas de seguridad y defensa en Honduras. Desde que Fraser asumió el Comando Sur de Estados Unidos, en junio de 2009, es la tercera vez que viaja a Honduras. La segunda fue en abril pasado.
El resultado de esta “ayuda” norteamericana a Honduras es un sensible aumento de las violaciones a los derechos humanos en este país. Así, En el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación.
Y el gobierno de Porfirio Lobo -según denunciamos en una reciente Declaración del Mopassol- en vez de responder por estas violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”, generando nuevas y graves denuncias sobre torturas de campesinos por parte de agentes de la dicha Operación, con el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
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En las noticias que comentamos hasta aquí hasta aquí aparecen claramente algunas fuertes amenazas a la paz mundial. Sin embargo no agotan el tema. Deberíamos agregar a esa lista los abultados presupuestos militares de Estados Unidos y los países de la OTAN, la red de bases militares y las flotas de guerra norteamericanas que abarcan el control de todos los mares y de muchos países de los cinco continentes, la desenfrenada carrera de producción y comercialización de armamentos cada vez más destructivos, que restan recursos para el desarrollo y la satisfacción de necesidades básicas, la persistencia de enclaves coloniales y otras formas de ocupación extranjera, el uso de los medios masivos de comunicación como armas de guerra cultural contra los pueblos, la satanización de gobiernos que de una u otra manera resisten los esquemas de dominación. La existencia misma del Pentágono y los seis Comandos que lo integran configuran una amenaza global a la vida humana y la supervivencia del planeta. En suma estamos hablando de la militarización imperialista.
La militarización imperialista en América Latina se ha expresado históricamente de maneras diversas, pero su esencia no ha variado. Tanto en las nuevas como en las viejas formas el objetivo ha sido y sigue siendo el mismo: lograr la dominación y la explotación de nuestros pueblos. Y esto es particularmente válido en un período de crisis sistémica como el que estamos atravesando cuando más que nunca el poder imperial necesita descargar sobre las mayorías populares las consecuencias de la crisis y entonces las políticas de dominación asumen contornos brutales. La reciente intervención armada en Libia – donde se violaron cada día las normas más elementales del derecho internacional- avala plenamente esta afirmación.
Pero constatar que no ha variado la esencia de la dominación no nos exime de la necesidad de estudiar las formas renovadas que asume el proyecto imperial. Las fuerzas políticas populares, los movimientos sociales, los militantes de la paz, tenemos que conocer sus planes para denunciarlos y enfrentar con éxito la actual ofensiva de militarización imperialista en nuestro continente donde el Pentágono actúa específicamente a través del Comando Sur.
La nefasta actividad del Comando Sur en lo que Washington considera su “zona de responsabilidad” es bastante conocida. Sin embargo existen nuevas formas de su accionar que es preciso analizar y denunciar. Por ejemplo, la alianza entre la Universidad Internacional de Florida (UIF) y el Comando Sur sobre “cultura estratégica”.
Tuvimos conocimiento del tema, en noviembre de 2010 a través de una carta de la antropóloga norteamericana Adrienne Pine quien nos advertía “sobre un nuevo y peligroso uso que se le está dando a la Academia en la actualidad, especialmente a la Antropología, con el objetivo de legitimar la ocupación militar norteamericana en los países latinoamericanos”.
Dicha alianza –hasta el momento muy poco conocida- se expresa en “un programa de estudios dentro de la Universidad Internacional de Florida, financiado por el Comando Sur, con el propósito de llevar a cabo talleres y escribir reportes sobre la ‘Cultura Estratégica’ de cada país de América Latina y el Caribe”. El programa “define a la ‘Cultura Estratégica’ como la combinación de experiencias y factores internos y externos – geográficos, históricos, culturales, económicos, políticos y militares – que forman e influyen en la manera en que un país entiende su relación con el resto del mundo, y en la manera en que un estado se va a comportar en la comunidad internacional. Sin embargo, al observar los documentos producidos por la alianza FIU-SOUTHCOM es evidente que una definición más precisa de la ‘Cultura estratégica’ sería: propaganda estratégica para la creación de una política ideológica hegemónica favorable para los intereses militares y económicos estadounidenses".
Al final de cada taller, la UIF publica un informe de conclusiones, que se presenta en el Comando Sur. Repasando la nómina de los participantes y los respectivos informes de cada uno de los talleres puede verse que la calidad de las conclusiones deja mucho que desear, entre otras cosas porque, entre los invitados, los países involucrados “han incluido un mínimo de conocidos académicos e intelectuales” priorizando en cambio la participación de líderes empresariales, generales del ejército, expertos afines al imperio y políticos de ultra derecha. Así las conclusiones resumidas en los informes, por momentos banales y llamativamente simplistas, obedecen a los objetivos del Comando Sur, es decir crean “una narrativa para legitimar la intervención militar, la capacitación y la ayuda de EEUU.”
El programa que estamos denunciando representa un verdadero peligro para los pueblos de la región pues implica un intento de destrucción de la cultura nacional de cada uno de nuestros países para reemplazarla por una cultura de la dominación, tarea infame en la que se pretende involucrar a las universidades y cooptar intelectuales. El peligro es mayor si analizamos este programa como parte de la doctrina del Pentágono llamada dominación de espectro completo. Estamos ante una expresión concreta de una intromisión ideológico cultural de grandes proporciones que reclama de nosotros una adecuada respuesta. Se trata de una batalla de ideas sobre cuya importancia nos viene advirtiendo reiteradamente el Comandante Fidel Castro.
(*) RINA BERTACCINI, presidenta del Mopassol de Argentina y vice presidenta del Consejo Mundial por la Paz
